Un grupo de 39 personas presentó hoy ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para que ese tribunal se pronuncie acerca de la fecundación in vitro, prohibida en Costa Rica a partir del 2000 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó reactivar desde hace un año.
Un grupo de 39 personas presentó el 24 de Diciembre del 2013 ante la Sala Constitucional un recurso de amparo para que ese tribunal se pronuncie acerca de la fecundación in vitro, prohibida en Costa Rica a partir del 2000 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó reactivar desde hace un añ
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El abogado Huber May explicó a medios locales que el recurso pretende que los magistrados aclaren si la sentencia de la CorteIDH deja sin efecto el fallo de la Sala Constitucional con la que se prohibió la técnica médica.
Además busca que se dé por regulada la fecundación in vitro con un decreto del año 1995 que establece los parámetros para practicar el procedimiento, lo que no haría del todo necesaria una ley que se discute en la Asamblea Legislativa.
El recurso de amparo señala que el Estado viola los derechos humanos como el de la vida privada y familiar, el de fundar una familia, el de la salud, de la salud sexual reproductiva, de la integridad, de la libertad, autonomía y autodeterminación personal, y el de no discriminación.
En Costa Rica se aplicó la fecundación in vitro entre 1995 y el 2000 y nacieron 15 niños gracias a esa técnica.
Sin embargo en 2000 un fallo de la Sala Constitucional señaló que el procedimiento médico atenta contra la vida de los óvulos fecundados que no se implantan en el vientre de la mujer.
La sentencia de la CorteIDH, publicada el 21 de diciembre de 2012, indica que con la prohibición de la fecundación in vitro se ha afectado el "derecho a la vida privada y familiar, los derechos reproductivos y a la integridad personal".
Ello, porque "la decisión de ser o no madre, o padre, es parte del derecho a la vida privada e incluye la decisión de serlo en el sentido genético o biológico", según el fallo.
La CorteIDH negó en su sentencia que "el embrión pueda o deba ser tratado jurídicamente de manera igual a una persona".
El Gobierno ha cumplido con algunas de las ordenes del tribunal como la indemnización al grupo de parejas que demandó al Estado y la publicación del fallo, pero aún está en deuda en la parte esencial de la sentencia sobre regular y habilitar de nuevo el procedimiento médico.
El Congreso ha discutido un proyecto de ley sobre la materia, pero la semana pasada, cuando se aprestaban a realizar la primera votación, varios diputados opositores a la iniciativa rompieron el quórum y dieron por finalizada la última sesión del año.
Los diputados salieron a un periodo de 46 días de vacaciones, aprobado por una mayoría de ellos, para dedicarse a la campaña política rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero.
